“(…) La papa está en la economía de mercado, los arrendamientos en Ciudad Bolívar es la libertad de mercado, los arrendamientos de vivienda, lo que necesitan los ciudadanos hay libertad de mercado, el arroz, el pan y resulta que los estacionamientos tienen controles, es decir… ¿qué justificación existe para eso?”
La propuesta que básicamente está planteando el Alcalde Peñalosa es que el servicio de parqueaderos en Bogotá se regule a partir del mercado, esto es, que exista libre competencia en la prestación de este servicio, tal y como ocurre con otros productos y/o servicios. En otras palabras, que el Estado no regule las tarifas del servicio sino que el mercado mismo se encargue de fijarlas.
Antes de proceder con el análisis de esta propuesta, debo decir que soy de aquellas personas que consideran que la libre competencia económica debería ser la regla general y que, el Estado solo debería intervenir en la economía cuando realmente resulte necesario para eliminar las distorsiones en el mercado y con ciertos parámetros. Es decir, soy consciente que existen excepciones, que sí hay situaciones en las que se hace necesario intervenir un mercado y que en ocasiones la libre competencia no es la respuesta para regular una distorsión en particular.
Adicionalmente, debo resaltar que no todos estamos en esa “economía de mercado”, en esa torta de la economía de la que tanto hablamos. Además, mal se haría al considerar que, como la libre competencia funciona en otros mercados como el del arroz o del pan, en este mercado también funcionará. Cada mercado tiene sus características y condiciones particulares que hacen que precisamente su análisis difiera el uno del otro así como también los posibles remedios que deben aplicarse en cada uno de ellos.
Dicho lo anterior, debo decir que la propuesta de liberar o mejor, de desregularizar el mercado de servicios de estacionamientos o parqueaderos, sin otras consideraciones no me resulta para nada conveniente.
El asunto de los estacionamientos y/o parqueaderos no es un problema que únicamente le atañe a Colombia. Este asunto ha sido parte del debate de muchos países, en los que se han considerado diversas políticas públicas para regular su uso y, de contera, el uso de los vehículos. Esto por cuanto la regulación de los parqueaderos es una de las mejores formas de regular el uso de los vehículos –pero no la única-.
En Bogotá, particularmente lo que ocurre, o al menos eso parece, es que existe una mayor demanda de estacionamientos que la oferta para suplir dicha demanda. Por esta razón, las empresas o personas que prestan este servicio tienen cierto poder de mercado en las zonas en las que prestan el mismo. Poder de mercado que actualmente es “limitado” si se quiere, a partir de la regulación de tarifas que establece precios máximos en la prestación de este servicio.
Ahora, si se considerara la propuesta del Alcalde Peñalosa y se liberara este mercado, en principio, podríamos pensar que se lograría el efecto que plantea el Alcalde, esto es, se subirían los precios, se desincentivaría el uso de vehículos, se ayudaría al medio ambiente y se podría incentivar la oferta del servicio en razón al incremento de precios.
Claro que lo anterior podría ocurrir, pero no en Bogotá y no sin realizar otras consideraciones. Primero, porque bien es cierto que en muchos países sí se encuentra liberalizado este mercado, no obstante, en dichos países sí existe oferta pública de parqueaderos, con lo cual se le hace un contrapeso a la prestación del servicio por parte de particulares.
No obstante lo anterior, debo indicar en este punto que tampoco la solución sería únicamente generar oferta pública, pues puede ocurrir que esto genere más congestión en el tráfico y que las personas busquen aquellos parqueaderos públicos (gratis o más económicos) para dejar más tiempo sus vehículos estacionados. Por lo que en definitiva, si bien esto sí sería necesario, no puede ser lo único que se implemente para lograr lo que el Alcalde pretende (desincentivar el uso de vehículos y ayudar al medio ambiente).
Segundo, el hecho de que el precio suba no necesariamente implica que habrá desincentivo en el uso de los vehículos, y esto precisamente porque en Bogotá no existen alternativas eficientes o lo suficientemente buenas para los consumidores. Si algún consumidor decidiera dejar de desplazarse en su vehículo en razón del incremento de precios, tiene como opciones: desplazarse caminando (solo si vive cerca), usar Transmilenio (que casi a diario colapsa), irse en bicicleta (que también requiere de un espacio en el estacionamiento y que, además, en esta ciudad puede resultar realmente inseguro), usar uber (y eso…black porque las demás variaciones del uber están en veremos en nuestro país) o tomar un bus (y llegar al trabajo o a estudiar sin billetera o mejor aún sin computador).
Como no existen alternativas eficientes, los consumidores optaran por i) asumir el incremento del precio, redistribuir su renta y probablemente consumir menos de otro bien o ii) parquear los vehículos en cualquier lugar así no esté permitido. Lo primero, en definitiva resultaría en el detrimento del consumidor en la medida en que se permitiría la extracción de rentas –incluso ilícita si se hace a partir de un abuso de la posición de dominio o en abuso del poder de mercado- y en el segundo caso, resultaría en el incremento del tráfico y la congestión en las calles toda vez que, para el Estado sería aún más costoso invertir en la vigilancia y control de todos los propietarios de los vehículos para que no parqueen en zonas prohibidas.
Tercero, podría considerarse que la propuesta del Alcalde es una mejor vía para controlar el uso de los vehículos privados y que su implementación resulta más viable, por lo que una opción (de la mano de mejoras en las alternativas para los consumidores) podría ser controlar a los privados, no a partir de la fijación de tarifas máximas sino a partir de su vigilancia para evitar posibles abusos de su posición o de su poder en el mercado. Esta vigilancia versaría sobre los incrementos (exagerados) en los precios y lo único que podría hacerse, sería adelantar investigaciones por la fijación de precios inequitativos. Para ser realistas esto casi no ocurre. Han sido pocos los casos fallados sobre este tema, pues existen grandes retos en Colombia y en muchos países para definir cuál es el precio equitativo o el precio justo y, en esa medida, volvemos al planteamiento anterior, no habría control sobre los privados dominantes y el problema del tráfico, la congestión y la contaminación seguiría en las mismas.
No quiero decir con esto que considero que este mercado debería permanecer regulado o que debería ser desregulado. Simplemente, quiero transmitir que las políticas públicas, regulaciones, leyes y nuevos direccionamientos deben tener una razón de ser. Cierto es que para el país resulta costoso (e incluso nada favorable por la corrupción) el realizar análisis de impacto regulatorio. No obstante, no es posible que después de todo lo que ha ocurrido, de todos los errores que hemos visto que se repiten una y otra vez sigamos hablando de regulaciones o haciendo propuestas sin verdaderos análisis no solo jurídicos sino también económicos.
El punto es, si en realidad se considera como posibilidad que el mercado de servicios de estacionamientos funcione de mejor manera en un esquema de libre competencia, susténtelo. Si la opción es desregular las tarifas y reorientar la política pública que sobre este tema se ha mantenido en el país, considere todas las opciones. No se trata de seguir lo que otros países han hecho, se trata de analizar las variables que en nuestro país, en nuestro contexto en particular realmente influyen y ahí sí tomar una decisión de intervención del Estado en la economía, ya sea desregulando o generando mecanismos que promuevan determinada política pública.
Con estas consideraciones ¿aun creemos que debe liberalizarse el mercado de servicios de estacionamiento y/o parqueaderos? Hasta tanto no se estudie con profundidad el mercado, seguiré con dudas.